En los últimos seis años, las Fuerzas Armadas se convirtieron en el principal holding empresarial del Estado mexicano: administran y/o construyen puertos, aeropuertos, ferrocarriles, aduanas, una aerolínea e infraestructura de radiocomunicaciones, entre otras tareas, completamente ajenas a sus facultades legales.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, evalúa el perfil de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y Marina, que dará a conocer en las últimas semanas de septiembre.
En campaña, Sheinbaum Pardo prometió “mayor apertura al escrutinio de las Fuerzas Armadas, tanto de las instituciones civiles como de la opinión pública”, señala el documento “100 pasos para la transformación”; por otra parte, también sostuvo que “una confrontación armada entre México y cualquier otro país es tan remota que debe descartarse como posibilidad”.
A su vez, la virtual presidenta electa adelantó que las Fuerzas Armadas seguirán involucradas en tareas de seguridad pública, obras prioritarias, capacidades de control para contenedores en puertos e inspección en aduanas.
A contrapelo, el escenario internacional anticipa un escenario menos optimista:
- En primer lugar, tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, frente a un eventual triunfo del republicano Donald Trump, quien ha amenazado con intervenir militarmente en México;
- La guerra entre Rusia y Ucrania mantiene a América del Norte en escalada militar, ya que los dos principales socios comerciales del país –Estados Unidos y Canadá– son miembros activos de la OTAN.
Fuentes consultadas por EL CEO señalan que la “desnaturalización” de las facultades de guerra asignadas a las Fuerzas Armadas, y promovidas activamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es disonante con dichos acontecimientos.
“Estamos caminando por una ruta imprecisa”, advierte Javier Oliva, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El académico asegura que en este sexenio se descuidó la “filosofía de guerra” y se “desviaron las misiones” originales de ambas instituciones, por lo que resulta necesario reformar el actual pacto civil-militar.
La designación de “Altos Mandos” será decidida según el proyecto político que la primera “Comandante Suprema” diseñe para el futuro del país; un proceso que, hasta el momento, continúa manchado por claroscuros y más dudas que certezas.
Sucesión en el Ejército y Fuerza Aérea
A medida que Claudia Sheinbaum ha revelado a los secretarios de Estado que la acompañarán en el gobierno, la designación de los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) ha provocado enorme expectativa.
Es imposible saber qué está pensando la presidenta electa, si está nadando a favor o en contra de los deseos de López Obrador, tampoco es fácil saber qué generales conoce
afirma Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
El especialista añade que, aunque “no existen ternas” previamente elaboradas, podría ser determinante la intervención que tenga el presidente López Obrador, así como Omar García Harfuch, nombrado virtual secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC).
“No hay un denominador común para ser designado secretario de la Defensa o Marina”, advierte Javier Oliva, especialista en temas de Defensa, Seguridad e Inteligencia. No obstante, el experto sostiene que el margen de decisión se limitará a “15 o 18 generales de división para la Sedena” y “nueve o 10 almirantes para la Semar”.
El CEO analizó e investigó los nombres de generales y almirantes que se barajan entre la tropa para encabezar ambas instituciones; posteriormente, confrontó tres escenarios donde la “Cuarta Transformación” ajustará su político con ambos institutos castrenses.
De este ejercicio, destacan los siguientes generales de división para encabezar la Sedena:
- Ricardo Trevilla Trejo. Actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, por lo que conoce la operación de tropas del Ejército y la Fuerza Aérea en el terreno: su experiencia podría servir para el desarrollo de la Guardia Nacional y posibles amenazas internacionales. Ascendió a general de división en noviembre de 2021, destacando por su liderazgo en distintas regiones militares, administración del Ejército y Estado Mayor.
- Gabriel García Rincón. Actualmente se desempeña como subsecretario de Defensa. Tomó dicha posición en septiembre del 2023, y se ha convertido en pilar administrativo para que las obras y empresas asignadas del Ejército y Fuerza Aérea. Posee licenciatura y maestría en administración militar.
- Celestino Astudillo Ávila. Actualmente se desempeña como comandante del Ejército Mexicano, el segundo general en ocupar dicha posición. Ascendió a divisionario en noviembre de 2019. Ha sido distinguido por sus labores en campaña contra el narcotráfico de 2/a. y 1/a. clase y tiene especialización en comando y Estado Mayor en la Escuela de las Américas.
- Jaime González Ávalos. Actualmente se desempeña como inspector y contralor general del Ejército y la Fuerza Aérea. Ascendió a divisionario en la segunda promoción en noviembre de 2020. Es uno de los generales con mayor conocimiento diplomático: agregado Militar y Aéreo Adjunto en la Embajada de Estados Unidos; vicepresidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa en Washington; y ha sido dos veces representante de la Sedena en el extranjero.
- Ricardo Flores González. Actualmente se desempeña como comandante de la Décima Región Militar, que comprende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ascendió a divisionario en la promoción del año 2022. Se le considera una pieza clave para la vigilancia y consolidación en una de las obras prioritarias del presidente López Obrador: el Tren Maya.
Posibles titulares de la Sedena
El “Alto Mando” de la Armada
La sucesión del “Alto Mando” en la Secretaría de Marina (Semar), se producirá en un momento en que las tareas de defensa asignadas constitucionalmente se han debilitado, frente a otros demandas político-económicas como la administración de puertos, aeropuertos y aduanas, así como el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Benítez Manaut advierte que dicha institución sufrió, en el presente sexenio, una “descapitalización” en sus funciones de guerra. Entre otros proyectos, cita la adquisición de equipo y modernización de programas para vigilancia marítima como la Patrulla de Oceánica de Largo Alcance (POLA).
En tanto, Claudia Sheinbaum ha designado el proyecto denominado Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi) como su modelo para atraer inversión del “nearshoring”, cuyo programa piloto la Marina desarrolla actualmente a través del CIIT.
Ante estos retos, al menos seis almirantes suenan para tomar el mando de la Semar, destacando tres:
- Raymundo Morales Ángeles. Actualmente se desempeña como director del CIIT, organismo público sectorizado a la Semar. Ascendió a almirante durante la promoción 2023. Posee estudios en Políticas y Estrategias de Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Universidad Nacional de Defensa en Washington, y cursos para Oficial de Inspección y de Instructor en la Aplicación de la Leyes Marítimas por la US. Coast Guard.
- Alfredo Hernández Suárez. Actualmente se desempeña como jefe del Estado General Mayor de la Armada. Suma experiencia en la salvaguarda marítima, con 1,500 días navegados, ocupando diversas unidades de superficie de la Armada como oficial de cargo, Jefe de Máquinas, Segundo Comandante y Comandante.
- Julio César Pescina Ávila. Actualmente se desempeña como subsecretario de la Semar y posee buenas capacidades administrativas. Fue ascendido a almirante en la promoción de 2020. Y posee credenciales académicas para el área internacional: maestría en Defensa y Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador, Argentina; Altos Estudios de Defensa y Seguridad Hemisférica, en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington; agregado naval a la embajada de México en Argentina.
La selección de Sheinbaum
El artículo 89 de la Constitución otorga al presidente de la República facultades para “nombrar y remover” libremente a sus secretarios de Estado, entre los cuales, se incluyen a los titulares de la Defensa y Marina.
Dicho artículo, también le faculta –con aprobación del Senado– los ascensos de generales y almirantes, así como demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.
El artículo 16 de la “Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos” acota que dicha designación del Secretario de la Defensa se encuentra sujeta a un “General de División del Ejército, hijo de padres mexicanos”.
Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el analítico de plazas de la Sedena, contabiliza 46 plazas destinadas para “generales de división”; 44 son para divisionarios ordinarios, una más para el secretario de Defensa y otra más para el subsecretario.
El artículo 5 de la “Ley Orgánica de la Armada de México”, también reconoce que el “Mando Supremo” de la Armada lo ejercerá el presidente de la República; en tanto que el artículo 6 faculta al presidente para nombrar al “Alto Mando” (Secretario de la Marina) y “Mandos Superiores en Jefe” (Almirantes).
Según el analítico de plazas de la SHCP, existen 39 plazas para almirantes de la Semar a decir del presupuesto 2024; de las cuales, 34 son para almirantes, una más para el subsecretario y una más para el secretario de la Marina.
Militarizar la obra pública y desmilitarizar a las Fuerzas Armadas
El presidente López Obrador cedió a las Fuerzas Armadas funciones y recursos que en el pasado estaban en manos de instituciones civiles; principalmente, aquellas consignadas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia cuyo presupuesto ha disminuido 60% en el presente sexenio.
Dicha reconfiguración contrasta con el plan original del mandatario, que, según una entrevista que ofreció al periódico La Jornada en 2019, aseguró que “desaparecería al Ejército para convertirlo en Guardia Nacional”. La declaración causó nerviosismo al interior de las instituciones castrenses a las que el presidente terminó recompensando por los “agravios”.
Una revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) elaborada por EL CEO arroja que el gobierno federal ha convertido a las Fuerzas Armadas en el agente económico más importante para el Estado, priorizando las tareas civiles por encima de aquellas relacionadas con la guerra.
Este proceso de militarización de la obra pública se consolidó con la transferencia o la creación de empresas de participación estatal mayoritaria adscritas a la Sedena y la Semar, que tienen bajo su cargo los proyectos prioritarios del presidente: el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Corredor Interoceánico del Istmo de tehuantepec, entre otras.
Para 2024, el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto histórico para ambas secretarías, de 331,322 millones de pesos, monto que solo es superado por los recursos que recibe la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Bienestar.
No obstante, las partidas presupuestarias se han modificado en los últimos seis años. Por ejemplo, el 60% del presupuesto asignado a la Sedena este año –equivalente a 119,000 millones de pesos– se destinó a la empresa Tren Maya, S.A. de C.V. hoy adscrita a la Sedena para “la prestación de servicios públicos de transporte masivo de personas y carga por medio del Tren Maya y otros proyectos”.
Previamente, las partidas presupuestarias para el Tren Maya aparecían en los recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Asimismo, de los 71,888 millones de pesos aprobados para la Semar, 21,000 millones serán destinaron a “la construcción y operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, el ambicioso proyecto –antes a cargo de la SICT– con el que la “Cuarta Transformación” busca competir con el Canal de Panamá.
Esquema de transferencias al Ejército
Durante la administración de López Obrador se han presentado 67 iniciativas en el Congreso de la Unión, con las que el gobierno busca validar las funciones civiles que ha entregado a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el “Inventario Nacional de lo Militarizado” elaborado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El Inventario registra cuatro mecanismos que posibilitan estas transferencias:
- Reformas constitucionales
- Reformas legislativas federales
- Acuerdos y decretos presidenciales
- Convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.
El informe también señala que Morena es el partido político que ha presentado el mayor número de iniciativas en las últimas seis legislaturas para aumentar las facultades de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, MUCD encontró que desde el 2018, el Ejecutivo Federal ha emitido 19 acuerdos y decretos con el mismo fin, de los cuales, 17 tienen que ver con transferencias de funciones civiles al Ejército completamente ajenas a las tareas de seguridad nacional.
Ya se han realizado reformas, a pesar de que la transferencia de funciones y presupuesto civil va en contra de la Constitución. (…) Son instituciones pensadas para la guerra
dice en entrevista Jonathan De Vicente, uno de los coordinadores de la investigación.
La misma asociación documentó en otro reporte titulado “El negocio de la militarización: Opacidad poder y dinero”, la existencia de 103 transferencias de funciones y presupuestos civiles a las Fuerzas Armadas en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, entre las que se encuentran: la administración de puertos y aeropuertos, educación, obras públicas, política social, protección ambiental, reforestación, protección civil y salud.
El modus operandi de las transferencias
EL CEO encontró que de 2020 a 2023 se crearon 10 empresas de participación estatal mayoritaria adscritas a la Sedena o la Semar, además de 20 sociedades que fueron transferidas de la SICT a la Semar, de las cuales, 14 tienen bajo encargo la administración de puertos, y el resto, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La transferencia de responsabilidad a las Fuerzas Armadas comenzó el 7 de diciembre de 2020, cuando el presidente López Obrador expidió el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos”.
Aunque las empresas de participación estatal mayoritaria existen desde hace décadas, la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de sociedades no tiene precedentes. De Vicente sostiene que este proceso implica riesgos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
“Es grave porque estas empresas muy probablemente escapen del escrutinio público al no saber cuánto están generando, en qué están gastando”, refiere De Vicente. En este sentido, alertó que las barreras a la transparencia también impiden conocer el total de recursos asignados a estas empresas a través de fideicomisos y convenios estatales, mismos que no están desglosados en el PEF.
En la creación de empresas destaca el “Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V”, que agrupa la administración, operación y explotación de varios proyectos insignia en el sexenio: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, y la nueva aerolínea Mexicana de Aviación.
Además, el gobierno modificó las denominaciones de empresas destinadas a la administración de puertos y aeropuertos, cuyo control pasó de la SICT a la Semar.
El nombramiento de los próximos titulares de la Sedena y la Semar permanece como una incógnita, debido al poder que en poco tiempo ganó el Ejército aunque sacrificando sus funciones fundamentales. Ahora tiene la misión de sostener proyectos de infraestructura.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum ya designó a las Fuerzas Armadas para encabezar la operación de uno de sus primeros proyectos emblemáticos: reacondicionar miles de kilómetros de vías férreas hoy ocupados por Ferromex (la división ferroviaria de Grupo México) y Canadian Pacific Kansas City para que brinden el servicio de transporte de pasajeros.
¿Será un signo de continuidad?
