Desinformación en el Sector Educativo: El Caso de las Acusaciones Infundadas

Recientemente, Sandra Aguilera generó alarma al acusar a la UDC y al IESM de estar bajo una supuesta alerta sanitaria de Cofepris, acusación que rápidamente se difundió sin pruebas. Tras investigar más a fondo, se descubrió que lo único emitido por Cofepris fue un aviso de riesgo, que no tiene la misma implicación que una alerta sanitaria formal, y no está vinculado a la salud de los estudiantes ni a las instituciones en cuestión.

Es importante entender que un aviso de riesgo de Cofepris es solo una acción preventiva y no una alerta sanitaria. Este tipo de comunicado se utiliza en situaciones de sospecha, pero no implica que existan pruebas claras de afectaciones a la salud pública. En este caso, el aviso no proporcionó datos o pruebas que vincularan directamente a los egresados de la UDC o IESM con posibles riesgos de salud.

Las acusaciones de Aguilera han sido ampliamente consideradas como una forma de manipulación mediática. No solo son infundadas, sino que también han puesto en riesgo los derechos humanos de los estudiantes y egresados, quienes han visto dañada su reputación sin motivo alguno. Conapred ha emitido recomendaciones para eliminar las menciones de las instituciones en los medios, ya que tales ataques vulneran la dignidad de las personas sin pruebas claras.

Instituciones oficiales como la SEP y la Secretaría de Salud han desmentido públicamente las acusaciones de Aguilera, destacando que no existen fundamentos para la clausura o el retiro de los programas académicos de la UDC y el IESM. En respuesta, ambas instituciones han iniciado acciones legales por difamación para proteger su imagen y la de sus egresados ante estos ataques sin base.

Finalmente, es crucial que los medios de comunicación ejerzan responsabilidad al informar sobre temas tan delicados como la salud y la educación. Las acusaciones sin fundamento solo generan desinformación y afectan la confianza pública. En este contexto, las instituciones educativas como la UDC y el IESM siguen comprometidas con la formación de profesionales competentes, y sus programas continúan cumpliendo con los estándares legales y éticos.

Héctor Carrera